Arquímedes Carrizo – Consultor comercial
La industria azucarera argentina, y en especial la de Tucumán, además de sufrir sucesivas crisis tienen un estigma por el cual muchas personas, que no manejan información técnica y económica, lo califican como ineficiente y subsidiado. A este diagnóstico equivocado se suman las decisiones de líderes económicos y políticos, lo que atenta contra la resolución equitativa de sus problemas. Las periódicas crisis azucareras y la explicación sesgada sobre el origen de la misma contribuyo a reforzar esta imagen distorsionada de la realidad.
Los problemas azucareros tienen su génesis en el incorrecto diseño e implementación de las políticas macroeconómicas nacionales, y en las distintas regulaciones, públicas y privadas. El sector azucarero fue erróneamente regulado y no recibió subsidios en los últimos 35 años. A estos problemas se suman el constante incremento de la presión fiscal. Por lo tanto ineficiencia y la falta de competitividad no son los generadores de sus crisis actual.
Un hecho inobjetable es la alta competitividad del clúster del azúcar argentino en el plano mundial. Estudios que abarcan varias décadas, realizados por la Organización Internacional del Azúcar, por consultoras internacionales que contrata el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y por grandes empresas transnacionales, confirman la alta competitividad del sector azucarero argentino por dos aspectos:
• Tiene costos de producción similares a los de los países azucareros más eficientes. Esta cualidad sólo es alterada por las políticas de atraso cambiario e incrementos en la presión fiscal.
• Los precios de azúcar mayoristas y minorista son de los más bajos comparados con mercados internos de otros países. Esta performance es poco conocida y se ve opacada por las sucesivas crisis que afectan al sector.
El azúcar de caña tiene como principal competidor a la glucosa de maíz, que atiende la demanda del 22 % del mercado de edulcorantes del país. Esta industria nació con los beneficios de regímenes de promoción industrial y su principal insumo, el maíz, tuvo y tiene un precio interno inferior al del mercado mundial, debido a las altas tasas de derechos de exportación que paga. La producción de bioetanol de maíz goza de este mismo beneficio desde su creación, ya que en la última década estuvieron vigentes las más altas tasas sobre derechos de exportación.
Cuando algunas variables de la economía están alejadas de sus valores de mercado, o cuando hay restricciones financieras o comerciales, las personas y empresas actúan con un criterio de supervivencia que puede agravar un cuadro ya complicado. Por ello, aún un número reducido de empresas azucareras, en medio de una coyuntura negativa, difícilmente puedan acordar reglas de juego. No lo hacen porque no quieren, sino porque es prácticamente imposible que lo hagan y allí es donde Estado juega un rol vital. Cuando los mercados tienen fallas o distorsiones es obligación que el sector público intervenga con medidas racionales y justas para las distintas partes y, en algunos casos, con recursos que en el largo plazo tienen una alta tasa de retorno.
Los países productores de azúcar, con bajos costos y con precios internos competitivos, aún mantienen regulaciones favorables, o algún tipo de transferencias de ingresos de sus gobiernos. Brasil, además de ser el mayor productor de azúcar y de alcohol de caña del mundo, aún tiene transferencias de ingresos, estimadas en U$S 2.460 millones por año (según un informe encargado por Sugar Alliance, de Estados Unidos). Esto ingresos se componen de subsidios directos, préstamos a tasas de interés negativas, exenciones fiscales, reducciones en los costos de producción y oportunidades de negocios.
Los países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que son importantes consumidores y productores, tienen fuertes regulaciones y subsidios para su industria azucarera, por lo que es imposible ingresar en sus mercados sin abonar altas tasas aduaneras. En contraposición, en la Argentina, los azucareros no tienen reglas de juegos justas ni instituciones que faciliten las actividades productivas. Por ejemplo, aún no se autorizó un pequeño aumento en la mezcla del bioetanol con las naftas para llegar a un 12% (en Brasil es del 25%), cuando lo esperado seria que la autoridad de aplicación energética, debería tener un programa de mediano plazo que lleve las mezclas a 16% o 18 %. Esto sería bueno para los azucareros y para el país, ya que reemplazaría el petróleo importado.
La actual crisis azucarera se empezó a gestar desde hace tres zafras atrás, con crecientes aumentos de costos por el atraso cambiario, con crecimiento en el pasivo de los productores, con la caída de los precios internos y externos del azúcar, con un financiamiento en disminución y caro, y con una fuerte presión impositiva en todos los niveles. Como contrapartida los productores no pudieron construir reglas de juego para enfrentar este cóctel explosivo y el Estado funcionó como un mero espectador, creyendo que los productores alcanzarían la solución. Esto es imposible, sin la participación activa del sector público.
